Fuente: Patricia Mazzei y Martha Brannigan, The Miami Herald
Traducción: Aminael Sánchez
Ahondando
en la complicada política del exilio cubano en Miami-Dade, legisladores
de la Florida han aprobado una radical ley, poco difundida por cierto,
que prohibiría a gobiernos locales la contratación de empresas que
mantengan negocios con Cuba.
La ley parece estar dirigida a uno
de los mayores contratistas del condado Miami-Dade: Odebrecht EE.UU, la
filial en Coral Gables del gigante conglomerado brasileño. La filial
cubana de la misma, estaría participando en una gran expansión del
Puerto de Mariel.
Legisladores de Miami-Dade, con el apoyo casi unánime de la Cámara de
Representantes y del Senado en la Florida, impulsaron el proyecto como
una iniciativa para mantener el dinero de los contribuyentes alejado de
regímenes represivos. La Ley también se aplica a las empresas que
trabajan en Siria, que como Cuba, está en la lista de países
patrocinadores del terrorismo.
"La ley pone la decisión en manos
de las empresas que se ven afectadas", dijo el republicano Michael
Bileca, uno de los patrocinadores del proyecto de ley. "Quieren hacer
negocios en la Florida o los quieren hacer en estos países", agregó.
Sin
embargo, una parte importante de la legislación que se aplica a los
contratos por valor de al menos un millón de dólares, parece será motivo
de una demanda judicial por interferir con el poder del gobierno
federal en materia de política exterior, según dijeron expertos.
"Los
estatutos que limitan las decisiones de los gobiernos locales
contratantes sobre la base de la labor internacional del vendedor
traspasan el poder del estado", dijo Dan O'Flaherty, vicepresidente de
la sede en Washington DC del Consejo Nacional para Asuntos de Negocio,
quien aboga por el comercio con Cuba.
"Es inconstitucional", dijo
citando un caso de 2000 del Consejo de Comercio cuando la Corte Suprema
de EE.UU revocó una ley de Massachusetts restringiendo a las empresas
estatales de negociar con Myanmar (antes conocido como Birmania).
"Por
decisión del Tribunal Supremo, los estados tienen prohibido promulgar
sanciones de contratación dirigidas a las empresas que hacen negocios en
el extranjero con digamos el país X", añadió O'Flaherty, cuya
organización envió cartas al gobernador Rick Scott y líderes de la
Cámara y el Senado que se oponen a tales leyes.
En general, a los gobiernos estatales y locales les está prohibido hacer políticas que entren en conflicto con la ley federal.
Un
análisis hecho por personal de la Cámara de la Florida sugirió que el
Congreso habría autorizado restricciones contractuales como parte de la
legislación que entrará en vigor el 1 de julio y que no tiene carácter
retroactivo. Pero Miami-Dade ha perdido batallas en el pasado respecto a
la política hacia Cuba.
En 2007, los abogados del condado
advirtieron que Miami-Dade no podía tener en cuenta relaciones de
negocio con Cuba durante la contratación del proyecto del túnel del
Puerto de Miami. Activistas se oponían a concederle el contrato a
Bouygues Travaux Publics porque la filial de la firma francesa construyó
11 estaciones de recreo con empresas del ejército cubano.
Y en
el año 2000, un juez federal revocó una ley que pretendía negar la
financiación a organizaciones no lucrativas que tuvieran vínculos con la
Isla.
"Es insostenible", dijo Rogow, un profesor de derecho
constitucional de la Universidad de Nova Southeastern. "Si no hay una
ley federal que hace ilegal la tenencia de negocios con Cuba o Siria,
las leyes de los estados no lo pueden promulgar por su cuenta".
No
es así, respondió Mauricio Claver-Carone, director del Comité
Democrático de Acción Política, una organización pro-embargo Estados
Unidos-Cuba.
"Esto no quiere decir que Odebrecht EE.UU tiene que
salir", dijo Claver-Carone, quien ha criticado a la empresa en su blog
Capitol Hill. "Ellos pueden quedarse y hacer negocios privados en la
Florida. Básicamente lo que no se permite es que el dinero de los
contribuyentes pueda ser utilizado - que además es el dinero de muchas
víctimas del gobierno cubano".
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