Precios: Pi constante

Tomado de Escambray

Aunque un año y medio todavía resulta un lapso pequeño para acuñar evaluaciones, salta a primera vista que el Trabajo Por Cuenta Propia (TPCP) no ha dinamizado la economía doméstica y el intercambio de bienes y servicios, al menos como se esperaba. Las expectativas andan, si acaso, por un cuarto del camino. Resulta consenso a voces la urgencia de un mercado mayorista para este sector, también significativo en la actualización del modelo económico nacional.

Un cochero de Jatibonico, cuyo nombre parece conveniente no publicar, mordió el anzuelo y soltó ingenuamente las riendas de la conversación sin sospechar que entre sus pasajeros viajaba Escambray. “Yo ganara más si cobrara un peso en vez de dos porque tendría mayor número de clientes, pero si bajo la tarifa los otros me linchan”.

Probable confabulación o alianza tácita. Simple casualidad o ley de los costos. Una certeza golpea la billetera de los espirituanos: la mayoría de los negocios particulares cobran lo mismo por lo mismo, juego de palabras que se traduce en idénticos o semejantes precios para similares ofertas de bienes y servicios.

Transcurrido alrededor de un año y medio desde que el país decidió la ampliación y flexibilización del Trabajo Por Cuenta Propia (TPCP), este semanario colocó el termómetro en una esquina caliente del territorio: ¿Hasta qué punto este segmento cubre las expectativas para las cuales se le abrieron los caminos?

Si la memoria no titubea, oficialmente se argumentaba por entonces que el leitmotiv de engordar esta variante dentro del modelo de gestión no estatal cubano abarcaba desde el incremento de productividad, eficiencia, ofertas de bienes y servicios; asegurar entradas a los cuentapropistas; librar al Estado de algunos subsidios; hasta que se constituyera en una fuente considerable de ingreso al presupuesto y en otra alternativa de empleo para los disponibles.

TRIGOS Y DEUDAS
El Trabajo Por Cuenta Propia no constituye el ombligo de la economía. De hecho, expertos en esta ciencia consideran que para nada resolverá los múltiples problemas que enfrentamos hoy, cuya principal salida continúa siendo la empresa estatal, responsable de las grandes producciones primarias que permitirían el desarrollo. Sin embargo, su aporte no debe menospreciarse y menos estigmatizarse bajo el manto de una mentalidad prejuiciosa, cultivada durante más de 50 años por el predominio absoluto de la propiedad social.
Ciudadanos comunes, cuentapropistas y especialistas encuestados sobre el particular convinieron en que, en efecto, el crecimiento del TPCP ha dejado su trigo, fundamentalmente como opción de empleo para un número significativo de personas, que sostienen a su familia con estos ingresos, a la vez que realizan ofertas útiles y enriquecen el diapasón del mercado con variedad de propuestas y mejor presentación de algunos productos. Asimismo, su contribución al presupuesto ha crecido significativamente: en el 2011 superó los 45 millones de pesos.

Sin embargo, en esta plataforma laboral no todo se resume como fama y aplausos: las mercancías de muchos cuentapropistas distan de parámetros de calidad competitivos; la presencia de varios negocios desentona y arremete contra el entorno; los ilegales se llevan intactas sus tajadas a la luz pública; los revendedores pululan y lo peor, aunque se rijan por la ley de la oferta y la demanda, la mayoría mantiene elevadas y estáticas las tarifas de sus productos.

Ejemplos elocuentes sobran: salvo raras excepciones, todos los coches cobran dos pesos, la libra de bistec vale 30, los zapatos de la candonga repiten modelos y cuestan lo mismo, los pasteles se mantienen en 2.50 y así la lista se convierte en extensa regla.

Actualmente, en el territorio alrededor de 15 750 personas ejercen este tipo de trabajo, cifra que implica un crecimiento de unas 6 300 licencias con respecto a septiembre del 2010. Ni cortos ni perezosos, los cuentapropistas desembolsan argumentos.
“
Nosotros no nos ponemos de acuerdo para poner el precio, algunas mesas venden más barato, yo pongo el que me conviene, si rebajo puede que me critiquen, pero nadie se mete conmigo. Llevamos juntos muchos años, si además de copiar un modelo de zapato, lo pongo más barato, reviento a los demás. También la materia prima tiene altos precios y en muchos casos es ilegal”, comenta Sebastián Conde, productor-vendedor de calzado.

En general, los TPCP insisten en la presión real que ejercen los costos de las materias primas sobre el importe de sus productos: “Conocemos la situación del país, pero si dependemos de comprar en las shoppings o en los mercados estatales a altos precios, luego no podemos vender barato. Ni siquiera nos autorizan a comprar a otros cuentapropistas. Te obligan a la ilegalidad, a mentir”.
Además, reclaman las considerables tarifas por concepto de impuestos, la presión de las inspecciones, y esa mentalidad de algunos funcionarios que todavía los desacredita como transgresores per se de las leyes. “Uno nunca se puede sentir tranquilo”, sostienen.

A decir verdad, en materia de precios quien se sienta libre de pecado que lance la primera rebaja porque las instalaciones estatales también mantienen una política alcista, hasta ahora irreversible. Los cuentapropistas tampoco nacieron ángeles, aunque en la mayoría de sus planteamientos les asista parte de la razón.

No por gusto un añejo refrán garantiza que una cosa piensa el borracho y otra el tabernero. Según los especialistas, casi todos estos trabajadores mienten en sus declaraciones juradas. Por otra parte, sin el menor pudor, revenden en sus catres un obeso paquete de productos industriales deficitarios y proscritos en sus licencias.

La Dirección de Inspección y Supervisión (DIS) en Sancti Spíritus impuso por estas y otras arbitrariedades solo el pasado año 2 715 multas, con un saldo superior al millón de pesos. Por su parte, la Oficina de Administración Tributaria (ONAT), a partir de sus estudios y análisis, recaudó 312 000 pesos en ese mismo período.

Pero los cuentapropistas justifican sus altos precios en buena medida por el pago de los impuestos (comenta Escambray a Héctor Hernández, subdirector provincial de la ONAT).
“Alrededor del 95 por ciento de ellos tiene establecido el pago de la cuota mínima, aunque a los negocios con más ganancias se la incrementamos. Se les han dado algunas facilidades; por ejemplo, no pagan impuesto por utilización de la fuerza de trabajo en las primeras cinco contratas, se extendió el término voluntario de la declaración jurada, no se está llevando la contabilidad simplificada, para este año quienes ingresen menos de 10 000 pesos no necesitan declaración jurada. Pero, al cierre de marzo seleccionaremos actividades que evidencian la posibilidad de ingresos superiores a los declarados y los violadores tendrán que pagar multas y recargos”.

BALANZA DESEQUILIBRADA
Por momentos, los negocios particulares en el tema precio reproducen el patrón de los mercados y tiendas estatales, con tarifas y surtidos casi idénticos entre ellos. Hasta parecen establecer importes topados. La cultura del regateo no funciona, quizás por un pensamiento condicionado durante décadas a otro tipo de comercio.

Para otear en aguas más profundas, este semanario consultó a prestigiosos economistas, quienes reconocen una gran distancia entre la base teórica para establecer los precios y las prácticas cubanas al respecto.

Además, hoy el país padece una realidad que mueve la balanza: por un lado el costo de las mercancías no se corresponde con el poder adquisitivo de buena parte de la población, mientras que en el otro extremo un por ciento nada despreciable mantiene suficiente demanda solvente para asumir altos importes.

Lourdes Rodríguez, directora provincial de Finanzas y Precios, considera aún insuficiente el empuje que el TPCP ejerce sobre la actividad estatal para compulsarla a elevar la calidad de los servicios. Pero, “la insatisfacción fundamental está en materia de precios”.

¿Por qué si este segmento se rige por la ley de la oferta y la demanda, al menos no se flexibilizan los precios?
“Los volúmenes de producción, tanto estatal como privada, todavía no son suficientes para impactar sobre la masa monetaria que existe. En este segmento privado no flexibilizar los precios es una contradicción, que a mi juicio tiene que ver con el aseguramiento: al estar más o menos siempre soportadas sobre un mismo canal, la mayoría de las producciones y servicios similares se montan a un mismo precio y aspiran a un mismo resultado cuando no todos hicieron igual inversión inicial. Tanto por el aumento de un impuesto o del costo de los insumos, se incrementan precios, no se rediseña el producto, ni se valora qué otro costo podría reducirse porque todavía la masa monetaria asume ese aumento.

“El país aspira lograr canales de aseguramiento mayorista para el desarrollo de estas actividades. Esto todavía ha sido de un diseño limitado porque son generalmente producciones que se sirven de algunos insumos en divisas y que llegan al cuentapropista a un precio bastante elevado. La economía nacional tendría que irse preparando para ofrecer mejores condiciones en el mercado mayorista. Un ejemplo de lo que aspiraríamos en cuanto a la formación de los precios son las ofertas de las llamadas completas”.

Aunque un año y medio todavía resulta un lapso pequeño para acuñar evaluaciones, salta a primera vista que el TPCP no ha dinamizado la economía doméstica y el intercambio de bienes y servicios, al menos como se esperaba. Las expectativas andan, si acaso, por un cuarto del camino. Resulta consenso a voces la urgencia de un mercado mayorista para este sector, también significativo en la actualización del modelo económico nacional.

Mientras la posibilidad de elevar el salario a esa mayoría de trabajadores estatales que hoy viven contando los quilos resulte una quimera, mientras las instalaciones estatales y los cuentapropistas sigan disparando las tarifas en una especie de canibalismo tropical a ultranza, no queda más remedio que aceptarlo: en materia de precios, todo se mantiene igual a Pi.